Illa y Simón prohibieron 3 días antes del 8-M un congreso religioso por riesgo de contagios

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconocieron el 5 de marzo en una reunión de trabajo que no había trascendido

hasta ahora que la situación en ese momento ya era muy complicada y que había que suspender un congreso religioso que iba a celebrarse en Madrid en dos semanas, porque la cita suponía un enorme riesgo para la salud pública. A pesar de ese diagnóstico, ni Illa ni Simón se opusieron a que, solo tres días después, una multitud recorriera las calles de la capital para la manifestación feminista del 8-M, ni a que se desarrollaran otros actos masivos ese fin de semana, como partidos de fútbol y el congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre.

La reunión del 5 de marzo está en el foco de las diligencias policiales que ha ordenado el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, tras admitir a trámite la querella de un particular contra el Gobierno por haber autorizado, en esos primeros días de marzo, en medio de la mayor crisis sanitaria que se haya producido en un siglo, más de medio centenar de protestas, concentraciones y otros actos con miles de participantes. La instructora del caso, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, imputa por lo pronto un delito de prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. Pero el ámbito de las pesquisas es más amplio.

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