La coartada del Gobierno para el 8-M se cae
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La principal coartada de Moncloa para defender la celebración del 8-M en plena crisis del coronavirus empieza a tambalearse. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid sostiene que no prohibió la manifestación del Día de la Mujer porque no recibió ninguna alerta sanitaria hasta después del 14 de marzo. Sin embargo, fuentes de la Delegación han admitido ahora a este diario que, entre el 10 y 11 de marzo, técnicos del organismo contactaron con líderes sindicales de Amazon para pedirles que suspendieran una concentración que habían convocado el día 13 porque ponía en riesgo la salud pública.
El 8-M se ha convertido en uno de los mayores vectores de las críticas al Ejecutivo por su gestión de la crisis, pero también tiene una derivada judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, mantiene imputado por un delito de prevaricación al delegado del Gobierno en la región, el socialista José Manuel Franco, tras admitir a trámite la denuncia de un particular que acusaba a ese organismo de haber permitido 77 concentraciones en la comunidad durante ese fin de semana, a pesar de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) había recomendado días antes que se evitaran las aglomeraciones de personas para limitar la expansión del covid-19.
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